Carta al señor Presidente sobre el caso Alterra, grupo de ciudadanos

Es imperativo enmendar las múltiples anomalías ocurridas, requerir que el Contrato se cumpla a cabalidad o, en su caso, que sea rescindido por incumplimiento de la empresa, sin mayores dilaciones, ya que las obras contratadas debieron haberse concluido desde el 2003.

2 de octubre del 2006

Señor Presidente de la República,
Dr. Oscar Arias Sánchez
S. D.

Señor Presidente:

Desde que se suscribió el Contrato de Gestión Interesada para los servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Internacional en octubre del 2000 con el Grupo de Aeropuertos Internacional AGI Costa Rica, se ha presentado una serie de anomalías que, lamentablemente, las dos administraciones anteriores fueron omisas o incapaces de resolver conforme a derecho y de acuerdo al interés público. Los suscritos hemos venido señalando esas irregularidades, con el único objetivo de defender el interés nacional, de que se respete el Estado de derecho y los contratos producto de licitaciones públicas; y por qué no decirlo, con la expectativa de que una administración liberacionista volviera por los fueros del correcto y transparente accionar del Estado, a favor de lo cual luchamos durante la campaña política. Es imperativo enmendar las múltiples anomalías ocurridas, requerir que el Contrato se cumpla a cabalidad o, en su caso, que sea rescindido por incumplimiento de la empresa, sin mayores dilaciones, ya que las obras contratadas debieron haberse concluido desde el 2003.

Nuestros señalamientos se fundamentan en lo siguiente:

a) en octubre del 2001, el presidente Rodríguez, sin consulta alguna, otorgó graciosamente al dueño de Bechtel, quien vino expresamente a Costa Rica, la concesión de diferir un pago de $ 12.4 millones que debía hacer Alterra, como parte de su obligación de aporte de capital al proyecto. Es decir, el gobierno prestó a Alterra recursos del Estado ¿Ha sido esta deuda debidamente documentada? ¿La está pagando Alterra? Si la empresa se retira del proyecto, podría ignorar su pago. Esta situación no se trató siquiera en los tres addendum fallidos que, por ilegales, necesariamente tuvieron que ser rechazados por la CGR.

b) el 3 de mayo del 2002 el Consejo de Aviación Civil (CETAC) pasó los llamados “acuerdos de medianoche”, inducido por presiones de Casa Presidencial, en connivencia con Alterra, aceptando el cobro ilegal por el Gestor de $18.6 millones en “gastos de desarrollo” del proyecto, aunque el contrato fijaba como tope un monto de $3.4 millones. Para este fin facturaron ilícitamente gastos previos a la licitación, estudios de tráfico aéreo, asesorías, seguros, abogados, comisiones y hasta los derechos de inscripción y timbres del contrato. Obviamente, la Contraloría General rechazó esos cargos por improcedentes e ilegales, pero ya el CETAC los había incluido en el cálculo de tarifas, a pesar de la advertencia en contra de la Contraloría General. Aunque ésta ordenó en marzo de 2003 eliminar los cargos ilegales, corregir las tarifas y devolver lo cobrado en exceso, el CETAC, presidido por la viceministra Lic. Karla González, desacató el pronunciamiento vinculante, y aun cuando la CGR dio un plazo terminante para su cumplimiento, un recurso ante la Sala Constitucional - rechazado posteriormente - permitió extender el desaguisado durante casi 3 años, con la consiguiente ganancia indebida de Alterra. A pesar de la orden de Contraloría, Alterra no ha devuelto lo cobrado de más. Refiriéndose a lo actuado por el CETAC, la CGR dijo: “...se ha actuado en forma irresponsable, en abierto incumplimiento a órdenes giradas, mediante el uso de subterfugios legales dirigidos a incumplir las disposiciones del órgano contralor”.

c) el rechazo por la CGR de esos $ 18.6 millones ilegales gastos de desarrollo sirvió como pretexto a Alterra para suspender obras y presionar al gobierno; las mantuvo paralizadas injustificadamente durante casi tres años, con grave daño al país, con el agravante de que ni siquiera se han tramitado sanciones ni multas a la empresa por este grave incumplimiento, comprobado por la Contraloría, por laudos arbitrales, por el órgano fiscalizador y, más recientemente, por una comisión nombrada por el CETAC, a requerimiento de la CGR, para determinar las responsabilidades incurridas por Alterra al paralizar las obras.

d) el objetivo claro de Alterra ha sido obtener ganancias exageradas del proyecto a costa del país, y con este fin ha cometido constantes violaciones al contrato. A esto ha contribuido la desidia y la falta de fiscalización por parte de los órganos gubernamentales encargados de la supervisión. Además del cobro indebido de gastos de desarrollo cinco veces mayores que lo estipulado en el contrato, pretende haber invertido $ 83 millones en el aeropuerto en obras que solo valen $37 millones a precios del contrato, y alega haber gastado durante los primeros cuatro años $ 59 millones en operación y mantenimiento, cuando lo pactado fue
$23 millones. Solo en estos tres rubros Alterra contabiliza casi $100 millones por encima de los precios del contrato. Buena parte de los sobreprecios obedece a pagos leoninos hechos a sus subcontratistas Bechtel-Edica, que son a la vez sus socios.

e) el alegado “desequilibrio financiero”, que ha sido creado por la propia Alterra con sus sobrecostos, se pretendió resolver mediante una serie de ilegales “addendum” al contrato, negociados por la anterior Administración, rechazados por la Contraloría uno tras otro, el último de los cuales le hubiera producido ingresos adicionales a Alterra por mas de $ 120 millones en los próximos 15 años, a pesar de que reducía el alcance de obras a realizar, que deberían de haberse concluido desde 2003. Lamentablemente, a usted lo sorprendieron y le indujeron a firmar un documento de apoyo al tercer addendum ante la CGR. Los graves incumplimientos de Alterra han sido documentados por la Contraloría, por laudos arbitrales y por la comisión investigadora del CETAC, que ha recomendado la apertura de “un procedimiento administrativo sancionatorio y la resolución del contrato, que comprenda la eventual condenatoria en daños y perjuicios que, a cargo del Gestor, deberán ser retribuidos al Estado”

f) Alterra ha dispuesto de préstamos bancarios por $90 millones, aportes de capital por $30 millones, y de “ingresos distribuibles” de la operación del aeropuerto durante los primeros cuatro años por $96 millones. Sin embargo, solo ha ejecutado obras por $37 millones según cifras oficiales del órgano fiscalizador. Sus inversiones probadas solo alcanzan a $59 millones, incluyendo expropiaciones, un reembolso parcial por el costo del edificio terminal que construyó el gobierno, y los gastos de desarrollo legítimos, pero no ha habido manera de que Alterra y sus socios abran su contabilidad a un escrutinio oficial para determinar en qué han gastado los recursos disponibles; tampoco el CETAC se lo ha pedido, lo que causa extrañeza, pues es información indispensable para probar a qué obedece su supuesto desequilibrio financiero, que la propia Contraloría no ha podido determinar que exista.

g) el 24 de noviembre 2005, la CGR, ante la prolongada e injustificada suspensión de las obras, instruyó para que “en el plazo máximo de 10 días se ordene a Alterra el reinicio inmediato de las obras”, y a la vez, “que el CETAC determine las eventuales responsabilidades que corresponden a Alterra” por la desaceleración y posterior suspensión de las obras. O sea que la Contraloría confirmó la obligación incondicional de la empresa de terminar los trabajos de construcción de las obras contratadas. Alterra no tuvo otra opción que reiniciarlas, aunque en forma parcial y con gran lentitud (tortuguismo), sin que se conozca que exista un cronograma de avance, requisito indispensable para su seguimiento.

h) mientras todo esto ocurre, Alterra ha interpuesto 13 demandas contra el Estado ante tribunales arbitrales por el orden de $117 millones, de las cuales solo le han prosperado algunas por el equivalente de unos $12 millones, pero las que ha perdido las ha apelado ante la Sala Primera del Poder Judicial, la mayor de ellas por $79 millones tratando de culpar al gobierno por las demoras que la propia Alterra causó con su suspensión unilateral de las obras. Curiosamente, en tanto Alterra busca cómo sacarle mas dinero al país, las últimas dos administraciones, en forma complaciente, se afanaron por ver cómo premiaban a Alterra y se hacían de la vista gorda con sus violaciones al Contrato.

i) a pesar de que los incumplimientos datan de los años 2002-2004, y los atrasos se han ido acumulando hasta alcanzar al menos 1300 días, los anteriores gobiernos no han cobrado un solo centavo de las multas y sanciones que proceden, en claro “incumplimiento de deberes, ya que el Contrato estipula son de cobro obligado. Un cálculo preliminar demuestra que tales multas ascienden a entre $33 y 40 millones a setiembre de 2006, sin incluir daños y perjuicios. El contrato establece que cuando las multas excedan el 25% de los ingresos del gestor en el año previo, debe imperativamente iniciarse un proceso de resolución del contrato. Ya se ha llegado, con creces, a esa situación, y Alterra no da señales de cumplir; al contrario, su director financiero declaró públicamente que la reaunudación de las obras está condicionada a conseguir más financiamiento, en flagrante desacato a las órdenes de Contraloría.

j) un hecho particularmente preocupante es que mientras los personeros de Alterra despotrican contra el gobierno y contra el país, acusándolos públicamente de “inseguridad jurídica” y de falta de colaboración y de voluntad para resolver los problemas planteados, nadie del gobierno se ha querido ocupar de responder y desmentir tales afirmaciones, lo que sorprende a las personas amigas de Costa Rica, que no se explican por qué autoridades de gobierno no salen al paso de tales declaraciones contra el prestigio del país, más aún cuando conocen de las infracciones cometidas por Alterra y su falta de cumplimiento del Contrato.

k) a todo esto, es vox populi en la industria aeroportuaria que Bechtel, socio principal de Alterra (85%) ha decidido retirarse del negocio de administración de aeropuertos. Ya cerraron la oficina principal en Londres, y cesaron a su personal. De Alterra solo está quedando el cascarón. En vista de que Bechtel no tiene ninguna experiencia en el manejo de aeropuertos, había convenido con la empresa Changi (aeropuertos de Singapur) para que les diera asesoría en este campo. Sin embargo, hace tiempo que Changi terminó su relación con Alterra, la cual carece de cualquier soporte técnico de alguna empresa con experiencia en aeropuertos. Hemos quedado en manos solo de los “expertos aeroportuarios” Mónica Nagel, Uri Rudelman, el contador mexicano Aguileta y el hasta hace poco analista financiero junior de Bechtel en México, Héctor García Salgó, quien ahora preside Alterra. O sea que estamos al arbitrio de un grupo que no sabe nada de aeropuertos, han venido a aprender, pero tratan de prolongar sus bien remunerados puestos todo el tiempo que puedan, pleiteando con el gobierno. Todo esto en clara violación del Contrato, que exigía la asignación de personal clave por Alterra con amplia experiencia en manejo aeroportuario.

l) En resumen, las obras no se concluyen, tienen 3 años de atraso y se han gastado al menos $60 millones en sobreprecios, comisiones y no se sabe qué más, fondos que eran más que suficientes para terminar las Etapas I y II de las obras previstas en el Contrato. En realidad no existe el pretendido “desequilibrio financiero” del proyecto, como lo ha podido comprobar la Contraloría, sino que los recursos no se han invertido en la forma prevista por el Contrato. Tampoco se ha asignado el personal clave con experiencia en aeropuertos. Se ha tratado de cobrar al Estado indebidamente la friolera de $117 millones en demandas arbitrales, la mayor parte rechazadas por tribunales, aunque apeladas por Alterra. Se ha tratado, mediante ilegales addendum, de premiar a Alterra con $122 millones de ingresos adicionales para los próximos años, dándole entre el 80 y el 90% de los ingresos distribuibles de la operación del aeropuerto. Se ha tratado con el addendum de modificar la cláusula de indemnización por terminación anticipada del Contrato, para que, en tal caso, Alterra reciba $150 millones extra. ¿Cómo puede el gobierno continuar buscando premiar a una empresa que ha fracasado totalmente en su cometido, desprestigiado el modelo de “gestión interesada”, incumplido el Contrato sin pagar multas acumuladas por el orden de $40 millones y tratado de sacar pagos exorbitantes del Estado costarricense?

m) Ya no se puede recuperar el tiempo perdido, y muy difícilmente los perjuicios causados, pero no es posible que se continúe con seudo-negociaciones que no conducen a nada. Hay que poner fin a esta comedia que, conforme pasa el tiempo, causa mayor daño al país. Además, debe recordarse que el aeropuerto Santamaría va a estar saturado para mediados de la próxima década, aproximadamente en 2015, y toda esta demora está desviando la atención de lo que debería ser una prioridad inmediata del gobierno: el inicio de los estudios y planes para el nuevo aeropuerto internacional, la reserva de los terrenos necesarios, los diseños, el financiamiento y todas las acciones necesarias para su construcción, que fácilmente tomarán 10 años o más. ¿Vamos a permitir que el aeropuerto siga secuestrado por un contratista que no ha cumplido ni piensa cumplir sus obligaciones?

Atentamente

Rodolfo Silva Vargas
Manuel Sáenz Herrero
Mauricio R. Gutiérrez
Otto Escalante Wiepking
Rodrigo Cuesta Valverde
Juan José Sobrado Chaves


Cc: Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia Adjunto, Lic. Marcos Vargas
Contralora General de la República, Lic. Rocío Aguilar
Procuradora General de la República, Lic. Ana Lorena Brenes
Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Francisco A Pacheco

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