En agosto último la Contraloría General de la República rechazó la última tentativa de addendum al contrato entre Alterra y el CETAC, que había presentado el gobierno anterior el 5 de mayo de 2006 - dos días antes de su fin -, y fue avalado por la nueva administración del CETAC mediante oficios del 1º y 19 de junio, así como por una modificación suscrita el 26 junio por el Presidente de la República y su Ministra de Transportes.
COMUNICADO DE PRENSA
LA COMEDIA DE ALTERRA DEBE TERMINAR
En agosto último la Contraloría General de la República rechazó la última tentativa de addendum al contrato entre Alterra y el CETAC, que había presentado el gobierno anterior el 5 de mayo de 2006 - dos días antes de su fin -, y fue avalado por la nueva administración del CETAC mediante oficios del 1º y 19 de junio, así como por una modificación suscrita el 26 junio por el Presidente de la República y su Ministra de Transportes. La razón del rechazo contralor fue que este addendum
pretende – al igual que el anterior -, “restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca formaron parte de la relación contractual..”. Añade que no se ha probado causal de legitimidad para la unilateral suspensión de obras por Alterra, y señala que “deben adoptarse medidas que permitan el eventual cobro de multas al Gestor”.
Este addendum 4 proponía variar la distribución de ingresos del aeropuerto
de manera que Alterra recibiría un 90% en 2006 y un 80% en años subsiguientes, lo que le representaría ingresos adicionales por unos $120 millones. En su informe la
Contraloría señaló que tal mecanismo implica “un incremento en los ingresos del Gestor por encima de lo previsto en el Contrato”, y “una reducción material de los derechos del CETAC”. Gracias a la acción de la Contraloría, estas pretensiones fueron rechazadas.
Está ahora en trámite otro addendum, el quinto, que nuevamente pretende basarse en un supuesto desequilibrio financiero que la Contraloría desestimó, y se pide extender el plazo del contrato con Alterra por 5 años más, hasta el 2026, que
se imponga un “techo” al monto de las multas para que no excedan $9 millones, y que el Banco Centroamericano les preste $48 millones más, porque Alterra gastó los fondos disponibles de préstamos bancarios en sobreprecios, comisiones y otros gastos no autorizados. Se estima que la nueva propuesta daría a Alterra unos $300 millones de ingresos adicionales. Mientras, han planteado 13 demandas arbitrales
y un contencioso administrativo contra el Estado, que exige la revocatoria de ocho resoluciones de la Contraloría y 37 del CETAC, para presionar que les aprueben ilegales enmiendas al contrato, lesivas al interés público.
A todo esto, la directora de Alterra declara que “la compañía retirará la
demanda contencioso administrativa si se les restituye el equilibrio financiero”, haciendo caso omiso del pronunciamiento de la Contraloría, y los bancos acreedores de Alterra anuncian que “una cancelación anticipada del contrato tendría severas repercusiones para inversiones futuras en proyectos de infraestructura en el país”. ¿Es aceptable seguir “negociando” bajo estas amenazas que constituyen una forma de chantaje para que el gobierno claudique? ¿Con una empresa que ha incumplido reiteradamente y tiene ya 4 años de atraso en concluir las obras? ¿Y con bancos acreedores de Alterra, con quienes el gobierno no tiene ninguna responsabilidad -las deudas incurridas son exclusivamente problema del Gestor?
La advertencia de la portavoz de los bancos tratando de intimidarnos contradice
la opinión del propio Banco Mundial: Governments should be prepared to let
concession agreements fall when a private contractor does not comply with its obligations (los gobiernos deben estar preparados para terminar una concesión
si el contratista privado no cumple con sus obligaciones).
La solución a los reiterados incumplimientos y abusos del Gestor ha sido siempre obligarlo a cumplir con el contrato, si eso se hubiera hecho desde que en 2003 suspendieron injustificadamente las obras por berrinche contra un dictamen de la Contraloría, otra empresa ya hubiera concluido las obras y el país tendría el aeropuerto moderno que requirió el contrato firmado en 2000. Declaró un director de Alterra en marzo 2006: “Nunca debimos haber suspendido las obras, nunca se
debió parar este contrato, si se hubiera hecho caso en ese momento a la Contraloría, era muy sencillo de resolver, porque técnicamente no se pasan a tarifas los costos que no se podían pasar a tarifas, pero siempre respetando el contrato.. si se hubiera hecho eso en marzo del 2003 no se tenían que suspender las obras.”
A confesión de parte, relevo de prueba. ¡La comedia debe terminar y el gobierno debe exigirlo sin temores infundados!
Ingeniero Rodolfo Silva
Ingeniero Rodrigo Cuesta
Lic. Juan José Sobrado
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