Ley Contra la Corrupción Aplica a Sujetos de Derecho Privado
Recientemente, empezó a regir el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Así, la Ley y su correspondiente Reglamento procuran crear, mantener y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Daniel Muñoz
Ley Contra la Corrupción Aplica a Sujetos de Derecho Privado
Recientemente, empezó a regir el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Así, la Ley y su correspondiente Reglamento procuran crear, mantener y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
En su artículo segundo, ambas normativas establecen que sus disposiciones serán aplicables, entre otros, “a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión”.
Con la mejor intención de levantar una bandera de reflexión, es de interés señalar que, si se interpreta literalmente lo transcrito, la Ley y su Reglamento podrían ser aplicables, en lo conducente, al apoderado de una sociedad concesionaria de una carretera, al gerente o representante legal de un gestor de un aeropuerto o bien, al fiduciario de un fideicomiso que administre fondos públicos, para citar sólo algunos ejemplos.
Lo anterior obedece a que algunas personas, por su estrecha vinculación a determinadas finalidades de interés general, deben atender la regulación administrativa que impera sobre ellas. Por lo tanto, estas personas o entidades – sin dejar de ser personas jurídicas privadas - deben cumplir no sólo con las obligaciones específicas acordadas con la Administración directamente relacionadas con su contratación, sino también con numerosos controles administrativos, tales como órdenes y directrices por parte de la Administración y en este caso en específico, con la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento.