En la prensa se califica de “vergüenza nacional postergar una vez más la decisión de qué hacer”. Ni se mete en cintura a Alterra, que ya lleva cuatro años de atraso, mientras los demás países nos dejan atrás, ni el contratista tiene capacidad de cumplir.
Se ha comentado que la nueva carretera a Orotina, que es parte de la ruta a puerto Caldera, tiene más de 30 años sin hacerse, y todavía se llevará al menos 3 años más sin que sea una realidad. Peor aún, si se construye de solo dos carriles, el día que se inaugure estará ya saturada, su capacidad será insuficiente para el volumen de tránsito previsto, y para entonces va a ser mucho más costoso ampliarla.
Siempre he creído en una solución pacífica y negociada al conflicto entre Israel y Palestina y en el derecho que tienen ambos pueblos a vivir en paz en sus respectivos estados soberanos y democráticos. Asimismo la idea de que Costa Rica establezca relaciones diplomáticas con estados árabes e islámicos moderados siempre ha contado con nuestra simpatía y respaldo.
La organización Transparencia Costa Rica expresa su preocupación ante los acontecimientos sucedidos en nuestro país, en relación con el proceso de referendum.
Este instrumento democrático ha puesto en evidencia las debilidades del sistema democrático al visibilizar que ha vuelto a la utilización de mecanismos odiosos para movilizar conciencias hacia posiciones determinadas.
En estos días han salido a la luz nuevas sentencias que exhiben las manipulaciones que Alterra ha venido practicando durante seis años de incumplimiento del contrato, en perjuicio del país.
Es imperativo enmendar las múltiples anomalías ocurridas, requerir que el Contrato se cumpla a cabalidad o, en su caso, que sea rescindido por incumplimiento de la empresa, sin mayores dilaciones, ya que las obras contratadas debieron haberse concluido desde el 2003.
Lo ideal, en fin, podría haber contemplado que el Gobierno, como arquitecto social, como coordinador de los intereses de todos los costarricenses garantizara, en igualdad de condiciones, la máxima difusión de esos intereses y necesidades de todos los grupos ciudadanos que están en juego en el TLC. El Gobierno no se debe realmente a un solo grupo o partido.
¿Iglesia automarginada? Llama la atención, entre otras cosas, la aseveración infundada de que la Conferencia Episcopal, de manera pública, anunció que la Iglesia se mantendrá al margen de las discusiones del Tratado de Libre Comercio si, antes bien, los Obispos han reiterado de forma enfática no estar ni en contra ni a favor ni al margen del TLC, sino sobre el TLC, para iluminar el diálogo con criterios que faciliten un análisis objetivo y desapasionado, superando lo puramente ideológico y los intereses personales y grupales y pensando, más bien, en aquello que favorezca el bien común y la paz social de Costa Rica.
Se definen ciertas normas para regular las compras, concediendo énfasis al procedimiento de licitación, con lo cual se coincide con la ley de la contratación administrativa; regula plazos para las licitaciones; define la lista de instituciones y de bienes y servicios que participan en el acuerdo; la necesidad de disponer de un registro de proveedores y la aplicación de especificaciones técnicas y de normas internacionales.
En agosto último la Contraloría General de la República rechazó la última tentativa de addendum al contrato entre Alterra y el CETAC, que había presentado el gobierno anterior el 5 de mayo de 2006 - dos días antes de su fin -, y fue avalado por la nueva administración del CETAC mediante oficios del 1º y 19 de junio, así como por una modificación suscrita el 26 junio por el Presidente de la República y su Ministra de Transportes.
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