Hace tres meses se anunció con bombos y platillos un acuerdo entre el Gobierno y Alterra y sus bancos acreedores, que sería enviado a la Contraloría como un nuevo addendum (el quinto intento, si no perdimos la cuenta). Ahora dicen que el acuerdo “pende de un hilo”, que “hay un diferendo en materia tarifaria”, y quieren que el BCIE compre la deuda de Alterra con la IFC y los bancos.
En este marco, el rol de la Defensoría de los Habitantes está limitado por el principio de imparcialidad que debe mantener en este tipo de procesos en que se presentan intereses contrapuestos, pero siempre asumiendo una posición proactiva y vigilante del advenimiento de las actividades, comunicados y demás actos llevados a cabo por ambos sectores que tienen como objetivo motivar y lograr que el mayor número de habitantes se acerque a las urnas electorales a emitir su voto el próximo 7 de octubre
TICR ha preparado una guía sobre nuestros derechos fundamentales, con motivo de la ejecución del proyecto de elecciones municipales transparentes.
La guía esta orientada a brindar información al ciudadano para un mejor conocimiento de sus derechos y obligaciones, como ciudadano viviendo en su cantón.
El objetivo de este breve artículo es ofrecer una visión comparada latinoamericana del régimen legal, las tendencias de las reformas y, sobre todo, de las experiencias documentadas en materia de reelección desde el inicio de la Tercera Ola Democrática (1978) a la fecha.
La Organización Transparencia Internacional-Costa Rica envió a los partidos políticos inscritos para participar en las elecciones presidenciales de febrero próximo una carta invitándolos a dar a conocer su filosofía y propuestas programáticas en materia de lucha contra la corrupción.
Recientemente, empezó a regir el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Así, la Ley y su correspondiente Reglamento procuran crear, mantener y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
En América Latina asistimos a procesos de transformación que abarcan todos los aspectos de la vida social. La fuerza, magnitud y tendencia principal de estos cambios sociales , culturales y educacionales conllevan importantes elementos de incertidumbre. Las democracias recuperadas en nuestra región se han instalado en sociedades pobres y desiguales, donde muchos derechos civiles básicos no están resueltos, los estados son débiles para democratizar y la economía muestra un sistema rígido que propicia el consumo y la satisfacción automática, agravando el endeudamiento de la población y la distribución de la riqueza.
En tiempos de crisis profunda, como los que estamos viviendo, hay que correr con la educación, al lado de la educación, por la educación. Ante lo que pudiera parecer un abismo insondable de desorientación y caos dar la prioridad a la educación, como sector estratégico del desarrollo nacional, es una tarea urgente. Tan urgente como la tarea del fortalecimiento del sistema judicial, el manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas y el saneamiento (real) de los partidos políticos . O más urgente. Porque, si estas son acciones imprescindibles para un mejor funcionamiento sistémico, la de la educación es cuestión de supervivencia.
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